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Reconsideración en torno a la objeción de conciencia institucional ante la ley de interrupción del embarazo en 3 causales

El pasado lunes 28 de agosto de 2017, el Tribunal Constitucional publicó la sentencia que rechaza los requerimientos interpuestos por parlamentarios del conglomerado “Chile Vamos”, que solicitaban la inconstitucionalidad del proyecto aprobado por ambas Cámaras legislativas, en relación a la interrupción del embarazo en 3 causales. El rechazo se produjo por 6 votos contra 4, declarando de esta forma la constitucionalidad del proyecto de ley en cuestión.

Sin embargo, el proyecto original[1] consagra, por primera vez, en el ordenamiento jurídico chileno, la llamada “objeción de conciencia”, autorizando al médico cirujano requerido y al personal profesional que le corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención, a manifestar su abstención de realizar la interrupción del embarazo, por poseer un conflicto moral con dicha prestación. Agrega además, el nuevo artículo 119 Ter inciso I parte final, que “La objeción de conciencia es de carácter personal y en ningún caso podrá ser invocada por una institución".

Respecto de esto último, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de estas expresiones, por lo que ordenó, en su considerando 138º, eliminar la frase impeditiva ‘en ningún caso’. En consecuencia, lo que al respecto se promulgó como Ley de la República el pasado jueves 14 de septiembre del año en curso, es del siguiente tenor: “[…] La objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución.”

De esta manera, el Tribunal Constitucional cambió completamente el sentido, espíritu e interpretación de la norma original aprobada en el Congreso, queriendo fundamentar su decisión en torno al "derecho de libertad de conciencia y religión que ostentan las personas jurídicas, en materia de objeción institucional", tema cuyo alcance aún es materia de incertidumbre y que da pie a las siguientes reflexiones.

Primeramente, para que el lector pueda comprender cabalmente de lo que trata este punto, digamos que la objeción de conciencia es la desobediencia de un deber legal, en virtud del cual, de haberse cumplido ese mandato, conllevaría una vulneración en la conciencia de una persona. Por tanto, ante este conflicto ético entre el deber legal y la libertad individual de cada ser humano, que sobre la base de sus propios valores y creencias se niega a cumplir un precepto normativo, es la misma ley la que da soluciones a esta problemática que pudiese suscitarse, dado que este es un conflicto de orden moral. Cabe precisar, eso sí, que el objetor no busca obstaculizar el cumplimiento de la norma legal, sino tan sólo tener la oportunidad de hacer valer su legítimo derecho a que su conciencia sea respetada.

Comprendido el punto, la discusión se tornaba entonces, en si la objeción de conciencia sería procedente sólo para el médico o el equipo médico tratante, o bien se haría extensible a la institución toda, entendiéndose por tal, aquella organización privada que declara que en ella no se realizarán interrupciones del embarazo bajo ninguna circunstancia, siendo esto obligatorio para todo el personal facultativo que desempeña sus labores en dichas instituciones.

En ese sentido, el Tribunal precisa que “La objeción de conciencia […] debe entenderse amparada por la dignidad de las personas que -individualmente o proyectada en su asociación con otros- se niegan a practicar cierto tipo de actuaciones (la interrupción del embarazo), por razones éticas, morales, religiosas, profesionales, u otras de señalada relevancia” Para agregar que “La interposición de este legítimo reparo no se agota en el orden individual, puesto que también se extiende y propaga a las asociaciones destinadas a encarnar el mismo libre pensamiento". Incluso, para dejar más en claro que las instituciones podrán ser objetoras de conciencia, el Tribunal expresa que “pueden hacerla valer las instituciones religiosas, personas jurídicas o entidades con idearios confesionales que se proyectan hacia el ámbito de la salud, al amparo del artículo 19, N° 6°, constitucional”.

CISO, como centro de estudios, respetuoso de las libertades personales, el cultivo de la razón y la tolerancia, comprende la objeción de conciencia para el médico tratante y los miembros que componen el equipo médico, teniendo eso sí, la responsabilidad humanitaria de derivar a la paciente con otro profesional de la salud (o bien, buscando alguien que pueda sustituirlo en casos urgentes, como bien lo ordena el nuevo artículo 119 Ter del Código Sanitario). Sin embargo, nos parece reprochable la extensión de la objeción de conciencia a las instituciones de salud, ya que al reconocer a una organización como objetora de conciencia, significa por ende que las personas jurídicas pueden poseer conciencia propia, que se traduciría entonces en la conciencia del o los directivos de dicha institución. Éstos la invocarán para dictar la orden que, en base a sus propias creencias (y justificándose o respaldándose en los llamados “valores institucionales”), todos aquellos funcionarios de dichas instituciones deberán (por mandatos superiores) sujetarse a dichas órdenes de conciencia, coartando así la legítima libertad personal de cada profesional de la salud, poniendo en riesgo incluso su fuente laboral si es que actúan en contravención a esa orden moral.

Es más: El mismo fallo, citando doctrina, puntualiza que la libertad de conciencia “importa la de creer en lo que se desee, sea en materia política, social, filosófica o religiosa. Es una variante de la libertad de pensamiento y comprende el derecho a pensar libremente, el derecho de cada uno a formar su propio juicio, sin interferencias.” ¿No es, entonces, un atentado contra la libertad de conciencia, el hecho que una institución limite dicha libertad mediante una prerrogativa jurisprudencial? Es incluso, contradictorio con lo que el fallo expresa, respecto a la prohibición legal para limitar la libertad de conciencia, en el sentido que “Ninguna ley puede disponer de las personas como un medio; a un punto tal que incluso a costa de tener que enajenar las propias convicciones que la definen como persona, cual recurso humano, sea puesta a satisfacer los deseos, apetencia o necesidades de otros”. ¿Quiere decir ello, que si bien la ley no puede enajenar las propias convicciones de una persona, sí puede hacerlo una persona jurídica respecto de sus trabajadores, satisfaciendo los deseos de dicha persona jurídica (materializada en la creencia moral de sus directivos o propietarios, como ya puntualizamos), siendo los trabajadores simples medios operativos en razón de su empleador?

En ese mismo sentido, dentro de la fundamentación a la objeción de conciencia institucional por parte del Tribunal, el fallo, en su considerando 137, recurre a una poca feliz analogía, expresando que: “Conviene puntualizar que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que los establecimientos de enseñanza tienen un ideario que debe ser respetado. Es así como el mismo Tribunal Constitucional de España, razonando sobre la libertad de cátedra, ha afirmado que ‘En los centros privados, la definición del puesto docente viene dada, además de por las características propias del nivel educativo, por el ideario que, en uso de la libertad de enseñanza y dentro de los límites antes señalados, haya dado a aquél su titular, cualquier intromisión de los poderes públicos en la libertad de cátedra del profesor sería así, al mismo tiempo, violación también de la libertad de enseñanza del propio titular del centro (…)’ Más adelante precisa que el ideario ‘forma parte de la propia libertad del centro.’” (Sentencia 5/1981).

Con lo anterior, intenta hacer una similitud entre lo que es la libertad de cátedra en los establecimientos educativos, con la libertad de conciencia en los centros de salud, sin considerar que el primero es de orden formativo, de desarrollo personal y de largo plazo, y que en el segundo, estamos ante todo hablando del derecho a la salud. Y no tan sólo eso. Hablamos del riesgo de vida de la mujer embarazada, y del daño a la integridad física y psíquica de la mujer, producto de una violación o la gestación de un nonato inviable, derechos básicos que no resisten ninguna ponderación o juicio de proporcionalidad que pudiere hacerse ante la objeción de conciencia institucional, imponiéndose siempre la protección de la vida y la integridad física y psíquica de la persona ante cualquier creencia personal.

Aún quedan muchas interrogantes por resolver. Por ejemplo, ¿Qué sucederá en caso que esté en riesgo la vida la mujer embarazada, y por cuestiones de distancia y urgencia, deba recurrir a un centro objetor de conciencia institucional, donde su única alternativa de sobrevivencia sea practicar la interrupción del embarazo? La ley sólo indica la obligación de “derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción” ¿Pero y si las condiciones prácticas impiden un traslado rápido y oportuno, cómo reaccionará la institución objetora ante aquello?

Además, La ley ordena que, sólo en el caso de que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, invocando la causal de riesgo de su propia vida, “quien haya” (En el contexto de la objeción de conciencia personal, originaria en el proyecto) manifestado objeción de conciencia “no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo cuando no exista otro médico cirujano que pueda realizar la intervención”, ni tampoco podrá excusarse si es inminente el vencimiento del plazo establecido en la causal de violación (antes de 12 semanas de gestación). Sin embargo, bajo ninguna circunstancia regula el caso de la objeción de conciencia institucional, por lo que no existe el imperativo legal para las instituciones objetoras para cumplir con dicha norma (salvo claro, que se realice una interpretación amplia de la frase “quien haya”, entendiéndose aplicable tanto a las personas naturales como jurídicas objetoras de conciencia, cuestión que la ley no realizó, porque originariamente, la objeción institucional estaba prohibida). Pero en el entendido que así no sea, en caso de negativa a practicar la interrupción del embarazo, ¿Habrá ahí un atentado al deber de seguridad social de la salud en las instituciones objetoras, o del otro extremo, una causal de despido para los funcionarios que lo practiquen, yendo en contra de los dictámenes morales de la institución objetora de conciencia?

Queremos hacer un llamado, tanto a los legisladores como a la Presidenta de la República, a tener en consideración estas variables, y poder regular (mediante los instrumentos normativos que correspondan, ya sea protocolos, reglamentos, decretos, o incluso modificaciones legales, y no mediante fallos judiciales) el tema de la objeción de conciencia. Ni una ley, persona, ni tampoco una institución, pueden limitar, coartar o restringir la libertad de conciencia de nadie, ni de los facultativos de forma independiente, ni de los trabajadores de la salud en sus respectivas instituciones.

CORPORACIÓN DE INVESTIGACIONES SOCIALES (CISO)

 

[1] Aprobado en el Congreso Nacional y remitido al Tribunal Constitucional en el oficio Nº 13.433, donde adjunta el boletín 9.895-11 que contiene el proyecto de ley aprobado

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